cc: Presidente de la República, Enrique Peña Nieto
A continuación, enlistamos las posibles acciones legales que podemos emprender para exigir justicia en este caso criminal contra ahorradores mexicanos.
Entre las acciones legales, administrativas y de opinión pública, figuran las siguientes que ponemos a la consideración de la comunidad de ahorradores defraudados.
Invitamos a los compañeros abogados a que aporten, corrijan, aclaren, lo que a su parecer consideren.
Rafael Antonio Olvera Amezcua --en el círculo rojo-- autor de robo y fraude contra ahorradores mexicanos. Foto: Especial
- Interponer denuncias por delitos del fuero común ante la PGJ del Distrito Federal, o de Jalisco, según sea el caso.
- Interponer denuncias por delincuencia organizada ante la PGR contra Rafael Antonio Olvera Amezcua y cómplices.
- Presionar al MP (PGR) para que consiga órdenes de aprehensión contra Rafael Olvera, lo acuse de delincuencia organizada y declare prioritaria la investigación en su contra, la congelación de sus cuentas y la recuperación de activos para el fideicomiso que administre los fondos de la ex Ficrea.
- Llegar hasta el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que declare prioritario la recuperación de los recursos robados por Rafael Olvera. Que la vía diplomática coadyuve a la recuperación de inmuebles y cuentas ubicadas en el extranjero.
- Continuar con el trabajo que se ha logrado con el Congreso --tanto senadores y diputados-- para que expliquen su actuación en el caso Ficrea, ante toda la nación Aguadé, Di Constanzo y Murillo Karam (PGR).
- Conseguir y exigir que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de las cabezas encargadas de la supervisión, subsecuente intervención y liquidación de Ficrea: Luis Videgaray, Fernando Aportela, Alberto Bazbaz, Eduardo Cruz Gómez, González Aguadé.
- Denunciar ante la Secretaría de la Función Pública por deficiencias en su actuación a los responsables directos de la supervisión, subsecuente intervención y liquidación de Ficrea: Di Contanzo, Aguadé, Bazbaz, Gómez Cruz, y otros
- Pedir a la Suprema Corte que revise la constitucionalidad del Artículo 37 de la Ley de Ahorro Popular, (LACP), que establece las condiciones en que la CNBV puede revocar la autorización a una Sofipo, como en el caso de Ficrea, puesto que sin contemplar mecanismos de salvaguarda de activos, lleva automáticamente a la quiebra y liquidación, sin tomar en cuenta la pérdida patrimonial que puede causarse a los ahorradores de la institución.
(ADVERTENCIA: No soy abogado, pero como ciudadano de la República y afectado por robo y fraude, estoy en mi derecho de debatir este tema, con la ley en la mano. Hago un llamado a mis compañeros ahorradores afectados, a colaborar con sus comentarios, precisiones, aclaraciones, añadidos, etc.)
¡¡¡ORGANIZADOS HAREMOS JUSTICIA!!!!!
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Responsable de este blog: Jorge Eduardo Jiménez
En Twitter: Ehecatl6
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